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Sobre demandas y protecciones: los derechos humanos de las mujeres

On Demands and Protections: Women’s Human Rights

Tomeu Sales Gelabert

Universidad de las Islas Baleares, España

RESUMEN El presente texto aborda la cuestión de los derechos humanos de las mujeres y defiende su aplicación sensible o receptiva al contexto sociopolítico. Se reconoce el valor de los derechos humanos de las mujeres como instrumentos de transformación social, pero también las limitaciones de una concepción jurídico-legalista. Se requiere una concepción política más amplia. Siguiendo a Ch. Beitz, que define los derechos humanos como prácticas globales discursivas y políticas cuyo objetivo es regular el comportamiento de los estados y proteger los intereses humanos, se procede a una crítica no escéptica a esta concepción. La aplicación de los derechos humanos de las mujeres por parte de los estados, sin tener en cuenta la estructura social y política previa, puede reforzar de forma no intencional la situación de opresión que sufren. En este sentido, se apuesta por la necesidad de focalizar los derechos humanos de las mujeres no solo como protecciones, sino también como demandas. Demandas que provienen de nuevas formas de activismo feminista como el decolonial o el antineoliberal. Sin renunciar a la idea de los derechos humanos de las mujeres, se apuesta por una aplicación sensible a las reivindicaciones y crítica con el contexto social y político, combinando políticas afirmativas de corto alcance con políticas transformativas de largo alcance.

PALABRAS CLAVE derechos humanos; derechos de las mujeres; relaciones de género; patriarcado; modernidad.

ABSTRACTThis text addresses the issue of women's human rights and defends their sensitive or receptive application to the socio-political context. The value of women's human rights is recognized as instruments of social transformation, but also the limitations of a legal-legalistic conception. A broader political conception is required. Following Ch. Beitz, who defines human rights as global discursive and political practices whose objective is to regulate the behaviour of States and protect human interests, a non sceptical criticism of this conception is made. The application of the human rights of women by States without considering the previous social and political structure can unintentionally reinforce the situation of oppression they suffer. In this sense, it is committed to the need to focus the human rights of women not only as protections, but also as demands. Demands that come from new forms of feminist activism such as decolonial or antineoliberal. Without renouncing the idea of women's human rights, it is committed to an application sensitive to claims and critical of the social and political context, combining short-range affirmative policies with long-range transformative policies.

KEY WORDS Human Rights; Women's Rights; Gender Relations; Patriarchy; Modernity.

RECIBIDO RECEIVED 30/11/2019

APROBADO APPROVED 16/4/2020

PUBLICADO published 15/7/2020

NOTA DEL AUTOR

Tomeu Sales Gelabert, Departament de Filosofia i Treball social, Facultat de Filosofia, Universitat de les Illes Balears (UIB), España.

Esta investigación ha contado con el apoyo del Proyecto Esfera Pública y Sujetos Emergentes (FFI2016-75603-R, AEI/FEDER, UE). Agradezco la lectura atenta y las sugerencias hechas tanto por M. Xosé Agra Romero como por las/los evaluadoras/es anónimas/os.

Correo electrónico: tomeu.sales@uib.es.

Dirección: Cra. de Valldemossa, km., 7,5, Palma (Illes Balears), E-07122.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9147-0619


Un hito histórico en la protección frente a las diferente amenazas y posiciones de vulnerabilidad inducida de las mujeres en distintos lugares del mundo ha sido la elaboración de una serie de instrumentos y dispositivos jurídicos internacionales que llamamos “Derechos humanos de las mujeres." En su desarrollo histórico cabe destacar los esfuerzos realizados por diferentes declaraciones, convenciones y conferencias internacionales, entre las que destacan: la constitución de la Comisión sobre la Condición Social y Jurídica de la Mujer (1946), la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), La Convención de los Derechos Políticos de las Mujeres (1952), la Declaración sobre la eliminación de toda discriminación contra la mujer por parte de la Asamblea General (1967), el Pacto Internacional de derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto de derechos Civiles y Políticos, que entraron en vigor en 1976, las diferentes Conferencias Mundiales sobre las Mujeres (la llamada “década de las Naciones Unidas para la Mujer”) como las de México (1975), Copenhague (1980), Nairobi (1985), destacando la de Beijing de 1995 con su famosa Plataforma para la Acción (la Declaración de Beijing) y sobre todo la Conferencia Internacional de Derechos Humanos de Viena (1993). En esta se afirma que los derechos de las mujeres y las niñas son: “inalienables, integrales e indivisibles." Además, la Declaración enfatiza la necesidad de eliminar la violencia contra las mujeres. Representó un hito al redefinir los derechos de las mujeres como derechos humanos, señalando que los intereses, experiencias y necesidades de las mujeres deben ser recogidos como intereses, experiencias y necesidades propiamente humanas, y por tanto como derechos humanos (Facio, 2010, p. 35).

Entre todos estos esfuerzos jurídico-normativos internacionales sobresale la Convención para la erradicación de cualquier forma de discriminación contra la mujer (CEDAW), adoptada en 1979 por la Asamblea General y que ha sido ratificada por un gran número de estados.1 Compuesta por treinta artículos, donde se señala la preocupación internacional “al comprobar que, a pesar de estos diversos instrumentos, las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones” (CEDAW, 1979, preámbulo). Del contenido de la Convención debe destacarse que en sus diferentes artículos se concretan las protecciones y estrategias que los estados se comprometen a llevar a cabo para luchar contra las diferentes discriminaciones que sufren las mujeres. Se señala la necesidad de protección especial de sus derechos civiles, políticos, sociales, laborales y económicos (art. 1-17). Hay que destacar el artículo 5 en que se establece la necesidad del compromiso por parte de los estados de “modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos” (CEDAW, 1979). De la misma manera, se establece la composición de un comité encargado de velar por el cumplimiento de la Convención a través de la petición de informes regulares a los estados y la elaboración de recomendaciones en caso de incumplimiento (art. 17-30). En esta línea, habría que subrayar la adopción de un Protocolo Facultativo en 1999, ratificado posteriormente por diferentes estados, que permite a cualquier mujer que haya sufrido discriminación interponer una denuncia frente al Comité contra su estado por no velar por la protección de sus derechos (Folguera, 2010 p. 99). Por otro lado, debe tenerse presente el trabajo de regionalización de los derechos humanos por parte de diferentes organismos internacionales como el Consejo de Europa o la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, preocupada por la vulneración de los derechos humanos de las mujeres.

El trabajo institucional a lo largo de estos últimos setenta años ha sido ingente e irrenunciable. No obstante, los límites de dicha estrategia se han puesto de manifiesto al mantenerse las estructuras de dominación y opresión que perpetúan las amenazas y vulneraciones inducidas que sufren las mujeres. Frente a la mayor sensibilidad y preocupación internacional observada en la expansión de diferentes instrumentos jurídicos o declaraciones internacionales, la distancia entre estos y las prácticas cada vez se hace más amplia y significativa (Folguera, 2010, p. 106; Facio, 2010, p. 63). De ello dan cuenta los informes CEDAW-Sombra que regularmente se publican y que, en el caso español, en 2019 fue firmado por doscientas sesenta y siete ONGs. El informe CEDAW-Sombra, que se focaliza en la aplicación en España 2015-2018 de la CEDAW, indica que:

Ha habido cierta recuperación económica, pero no se han restituido los niveles de empleo, protección social, educación, sanidad, servicios sociales de 2008, con incidencia en la discriminación y la violencia hacia las mujeres (…) Este Informe Sombra se ordena por las cuarenta y seis observaciones del comité a España CEDAW/C/ESP/CO/7-8-, 29 de julio 2015- de incumplimiento mayoritario. (Informe CEDAW- Sombra España, 2019, p. 1).

La rearticulación del activismo feminista transnacional y su agenda de reivindicaciones y demandas también han puesto el acento en elementos como la perpetuación del sexismo, el androcentrismo, la provisión patriarcal de los cuidados, la objetualización de las mujeres, la violencia de género, la feminización de la pobreza y la discriminación laboral de las mujeres (Arruza, Bhattacharya y Fraser, 2019, p. 34-52). Muestran la parálisis e ineficacia de los derechos humanos de las mujeres como protecciones jurídico-normativos, al mismo tiempo que proponen una nueva agenda feminista, con nuevas demandas; nuevas reivindicaciones.

Por todo ello, se necesita una redefinición de los derechos humanos de las mujeres más robusta, más allá de los parámetros jurídicos-legalistas. Una redefinición política y feminista que ha de explicar por un lado el aumento de la preocupación internacional y la expansión de los derechos humanos de las mujeres en las últimas décadas, y, por otro, visualizar los límites o retos de estos, articuladas en forma de nuevas demandas por el activismo feminista transnacional. Así, de la mano de Ch. Beitz, apostamos por repensar los derechos humanos como prácticas políticas y discursivas emergentes, cuya finalidad es producir una moral pública de la política mundial (Beitz, 2012, pp. 44-45; p. 49; p. 135). Con su propuesta de modelo a dos niveles, los “derechos humanos internacionales," entre los que se encuentran los derechos humanos de las mujeres, se conciben como protecciones frente a “amenazas comunes” que tienen en primera instancia a los estados como los principales responsables de su provisión y, en caso de persistir las vulneraciones inducidas dentro de su territorio, se legitima la acción de agentes externos para garantizarlos. Se reconocen múltiples formas de implementación de los derechos humanos (Beitz, 2012, pp. 139-150). Esta concepción de los derechos permite explicar el desarrollo expansivo de los derechos humanos de las mujeres (Beitz, 2012, pp. 217-228), aunque también se indicarán las flaquezas o límites de dicha estrategia.

De la mano de la nueva teoría y activismo feminista transnacional, sobre todo anticapitalista y decolonial, se observa cómo gran parte de las concepciones filosófico-políticas y prácticas de los derechos humanos presuponen acríticamente una concepción limitada del poder político, del espacio público y del doméstico que restringe su efectividad a la hora de romper con el orden patriarcal, o gobierno de los hombres. Al respecto, C. Pateman señala lo siguiente:

La pregunta planteada por las feministas es por qué se ‘olvida’ tan fácilmente el carácter patriarcal de la separación que existen entre una esfera pública despolitizada y la vida privada; ¿por qué se sitúa la separación entre ambos mundos dentro de la sociedad civil, de suerte tal que la vida pública se conceptualice de manera implícita como la esfera de los hombres? (2018, p. 168).

Por otro lado, Alessandra Facchi señala que la corta historia de los derechos de las mujeres, frente a la de los hombres, se debe a que en la modernidad el titular de derechos ha sido caracterizado por:

La “autonomía, razón, propiedad, responsabilidad (…) sujetos varones (…). Las mujeres no solo fueron marginadas del discurso de los derechos políticos, es decir, de los derechos por excelencia, sino que les fue limitado el ejercicio de los fundamentales derechos civiles de libertad y propiedad, así como de los derechos patrimoniales y de la libertad de movimiento. (2011, pp. 60-62).

Desde la teoría feminista se ha señalado también la ambigüedad del derecho, que, por un lado, ha sido un potente instrumento para mejorar la situación de la opresión de las mujeres, pero, por otro lado, también ha funcionado como una de las “expresiones más radicales y peligrosas de la cultura masculina” (Facchi, 2005, p. 35). En este sentido, A. Jaggar indica que aun aceptando que las críticas feministas:

Acusan al discurso de los derechos no solo de ser de poca ayuda para las mujeres, sino también de llegar a racionalizar la desigualdad. Otras feministas, entre las que me incluyo, creemos que la tradición de los derechos posee recursos conceptuales para enfrentar estos cargos (…). Quienes consideran que los derechos son indispensables para la liberación de las mujeres apelan al movimiento feminista mundial pujante que ha sido inspirado por la consigna de que “los derechos de las mujeres son derechos humanos. (2014, pp. 34-35).

Así, reconociendo las limitaciones androcéntricas y patriarcales del discurso de los derechos, las feministas apuestan por su reformulación en clave feminista, aspirando a que el derecho institucionalice sus demandas y funcione como instrumento de protección.

El feminismo antineoliberal y anticapitalista del 99% muestra que el poder político no se limita al ámbito de las instituciones públicas, sino que la transnacionalización de la dinámica de acumulación del capital con la globalización neoliberal y financiera ha generado una transformación o redefinición del papel de las instituciones públicas, de las políticas públicas y de los sujetos. En este sentido, limitar el poder de protección y las demandas al estado y a las instituciones públicas, invisibiliza, y al mismo tiempo permite que se escape la dinámica del poder patriarcal y la normatividad hegemónica neoliberal. Se refuerza la posición de subordinación y las diferentes opresiones de las mujeres, situándolas como proveedoras de reproducción sin reconocimiento ni remuneración. Por otro lado, el feminismo decolonial, en especial L. R. Segato, ha puesto el acento en lo que llama la transformación de las relaciones de género con la “intrusión” del mundo “moderno-colonial” frente al “mundo-aldea," pasando del dualismo al binarismo de género. Así, desde la crítica a la colonialidad, Segato sostiene que la imposición de la matriz moderna de derechos igualitarios superpuesta sobre el refuerzo de las asimetrías de poder grupal de los hombres sobre las mujeres genera una situación de hiperjerarquización de las mujeres frentes a los hombres (Segato, 2016, p. 123). Hiperjerarquización de género que explica la permanencia de las opresiones de las mujeres, la pedagogía de la crueldad, la violencia contra las mujeres y lo que ella llama “femigenocidios” (Segato, 2016, pp. 134-149).

El feminismo antineoliberal y anticapitalista que ha aparecido con la huelga feminista transnacional (2017, 2018 y 2019), junto al feminismo decolonial aportan un marco de redefinición de los derechos humanos de las mujeres que impulsan una nueva agenda de reivindicaciones basada en la defensa de la aplicación contextual de los derechos humanos de las mujeres, no solo como individuos, sino como grupo; y la lucha contra la neoliberalización de la economía, la política y la subjetividad. Reivindicaciones que permiten ir, siguiendo a Segato, del “proyecto histórico de las cosas” al “proyecto histórico vínculos” (2016, p. 29), revalorización los cuidados, los afectos y todo aquello que permite y reproduce la sostenibilidad de la vida, tejiendo comunidad. Así, la filosofía y teoría política feminista muestran los límites de la filosofía política de los derechos humanos mainstream, abriendo camino a nuevos marcos de redefinición de los derechos humanos de las mujeres tanto como protecciones como demandas. Si se desconectan las protecciones de las demandas, las primeras se descontextualizan y su aplicabilidad por parte del estado o la sociedad internacional pierde eficacia como instrumento para erradicar cualquier forma de opresión y subordinación que sufren las mujeres. Por otro lado, las segundas necesitan del poder estatal para romper con el poder patriarcal que lo impregna todo, aunque sean conscientes de que este no es suficiente y esta sea una estrategia provisional.

Por una filosofía política de los derechos humanos

En la búsqueda de una filosofía política de los derechos humanos capaz de superar la concepción reduccionista jurídico-legalista, debe destacarse la contribución de Ch. Beitz, profesor de teoría política en Princenton. Para él, muchas de las posiciones escépticas ante los derechos humanos se deben a la falta de una idea clara de los derechos humanos. Frente a estas posiciones escépticas, propone repensarlos, distinguiendo analíticamente tres niveles diferentes. El primer nivel hace referencia al concepto de “derecho humano." El segundo, al tipo de fundamentación normativa que subyace al mismo. El tercer nivel, hace referencia al contenido o la lista concreta de los derechos humanos. A lo largo de su obra La idea de los derechos humanos (2012), da respuesta a las preguntas que se derivan de cada nivel, aunque con resultados y desarrollos dispares. Dedica gran extensión a las cuestiones del primer nivel, consiguiendo una concepción original y fértil de los derechos humanos. No obstante, la pregunta por el tipo de fundamentación normativa de los derechos humanos termina sin una respuesta contundente. En cuanto a la lista de los derechos humanos, esta queda establecida por lo que Beitz llama los derechos humanos internacionales (2012, p. 49) reconocidos en las diferentes declaraciones, pactos y convenios.

El objetivo de Beitz es conseguir una idea de los derechos humanos que sea compatible con el despliegue jurídico normativo internacional desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial. Para ello, utiliza el concepto de “derechos humanos internacionales," ya que entiende que su trabajo filosófico va en la línea de explicar críticamente la aparición del concepto de derecho humano, cuya finalidad es construir una moral pública universal. Se aleja de cualquier pretensión de fundamentar los derechos humanos internacionales sobre una concepción deductiva; como concreciones históricas de derechos morales previamente existentes. En este sentido, propone una concepción práctica, política y discursiva de los derechos humanos que permita conciliar la idea de los derechos humanos con la práctica histórica de su expansión. El concepto de derecho humano remite a:

Una práctica global. La práctica es a la vez discursiva y política (…), consiste en un conjunto de normas para regular el comportamiento de los estados, junto con un conjunto de modos o estrategias de acción para las cuales las violaciones de las normas pueden contar como razones (Beitz, 2012, p. 44).

A esta comprensión de los derechos humanos definida por su dimensión político-discursiva, añade la idea de que “la práctica de los derechos humanos es emergente” (Beitz, 2012, p. 45). Es decir, las normas que se institucionalizan a partir de las prácticas político-discursivas en torno al rol que juega la idea de los derechos humanos en la política global no están dada paras siempre, y por tanto se puede entrever y justificar su constante expansión. Esta expansión se explica en parte porque la práctica política y discursiva de los derechos humanos es una práctica inmadura y conflictiva, donde aparecen como conquistas frente a diferentes reivindicaciones. Así, los derechos humanos surgen como reconocimiento institucionalizado de demandas previas.

Esta concepción práctico-discursiva del rol de los derechos humanos muestra críticamente los límites de las concepciones dominantes de los derechos humanos dentro de la tradición de la filosofía política; es decir, las concepciones naturalistas y contractualistas. La concepción naturalista entiende los derechos humanos como derechos naturales; “naturales” en dos sentidos: como derechos preinstitucionales o como derechos morales que poseen todos los seres humanos. Así, según esta concepción, las diferentes declaraciones, pactos y convenios positivizan los derechos humanos, entendidos como prepolíticos o como derechos naturales. Para Beitz, esta caracterización es en gran parte responsable de las posiciones escépticas frente a los derechos humanos. Al concebir los derechos humanos como diferentes a las leyes y los derechos positivos, preinstitucionales e invariables a lo largo del tiempo y el espacio centran la cuestión en lo que Beitz llama “el lado de la demanda," descuidando el “lado del suministrador” (Beitz, 2012, pp. 86-92); es decir, focalizan la cuestión de los derechos humanos en el sujeto de derechos y no en el agente encargado de su garantía y provisión. Además, se concentran en determinar un valor, interés o bien independiente de la sociedad y la historicidad sobre el cual se sustenta la idea de derecho humano. En consecuencia, el enfoque naturalista acaba apostando por una reducción de la lista de los derechos humanos y la despreocupación por la obligación del agente responsable de su protección. La reducción del contenido de los derechos humanos, que generalmente afecta a los derechos que aparecen a partir de los artículos 22 al 30, se debe a la dificultad o imposibilidad de derivar todos los derechos humanos internacionales de un único valor o bien, o del hecho de eliminar la dimensión institucional, que necesariamente implican determinados derechos (al trabajo, a la remuneración equitativa, a la educación, a la sanidad, etc.).

La concepción contractualista ha representado la alternativa para pensar y dar soluciones a los problemas filosófico-políticos que genera la concepción naturalista. Reconociendo como un hecho la “diversidad social y jurídica," la posición contractualista define los derechos humanos como “estándares que son o podrían ser objeto de acuerdo entre los miembros de culturas cuyos valores morales y políticos son diferentes” (Beitz, 2012, p. 107). Se destacan dos vías dentro de esta tradición: una que intenta identificar un núcleo común normativo entre las diferentes sociedades y tradiciones jurídicas sobre el que sustentar los derechos humanos; y la otra, que parte del presupuesto de la existencia de un consenso superpuesto entre diferentes morales políticas. Esta concepción contractualista conduce a una serie de problemas, entre los que destaca la “posibilidad de detectar una estructura de creencias morales razonablemente estables e integrada que sea compartida por todos los miembros de cada sociedad que es parte del acuerdo” (Beitz, 2012, p. 118). Las creencias morales ni son estables, ni integradas ni indiscutidas en los contextos sociales y políticos concretos, a menos que el “núcleo común” o el “consenso superpuesto” sea tan mínimo, genérico y abstracto, que imposibilite justificar la mayoría de los contenidos de las diferentes declaraciones, pactos y convenciones. Volvemos a la misma situación y consecuencia reduccionista a la que conducían las teorías naturalistas.

Frente a estas dos posiciones, Beitz propone entender el rol que juegan los derechos humanos en la práctica discursiva de la política global con un modelo a dos niveles. Así, concibe los derechos humanos como “exigencias cuyo objetivo es proteger intereses individuales urgentes frente a ciertos peligros predecibles (amenazas comunes) a los cuales son vulnerables bajo circunstancias típicas de la vida dentro de un orden mundial moderno compuesto de estados” (Beitz, 2012, p. 141). Las prácticas políticas y discursivas concretan las diferentes “amenazas comunes” que se ciernen sobre los intereses de los individuos, articulándose los derechos humanos como protecciones frente a estas amenazas. Protecciones cuya exigencia se debe en primer término o nivel a los estados y, en caso de incumplimiento, se dan razones para la acción por parte de agentes externos, o de segundo nivel (Beitz, 2012, p. 142). La legitimación de la acción y la responsabilidad en la protección y demandas de los derechos humanos que se deriva de este modelo por parte de agentes externos abre un abanico de vías y mecanismos para su implementación o ejecución, que van desde la exigencia de responsabilidad a los estados que no protegen a los individuos, los mecanismos de estímulo, asistencia, involucramiento en el debate a nivel doméstico, la adaptación externa y la coerción (Beitz, 2012, pp. 66-76). Por mecanismo de adaptación externa, entiende la posibilidad de remover las instituciones y relaciones internacionales para permitir a los estados cumplir el objetivo de protección de los derechos de sus ciudadanos. Defiende que la solución coercitiva es problemática y por ello debe de utilizarse como último recurso, y sujeta a un juicio evaluativo sopesando los pros y los contras de dicha acción. Estamos ante una concepción de los derechos humanos como protecciones desde y por el estado, pero también una concepción como plasmación de determinadas demandas que históricamente se van articulando y discutiendo para conformar una moral pública internacional.

El esfuerzo de Beitz por repensar la idea de los derechos humanos más allá de una perspectiva jurídico-legalista con una vigorosa concepción filosófico-política es destacable por el rédito de su propuesta; sobre todo por lo que hace a la concepción de los derechos humanos de las mujeres. Consigue justificar el contenido normativo que se desprende de las diferentes declaraciones, pactos y convenciones instituidos como fruto de discusiones políticas a nivel internacional, cuyo objetivo es crear una moral pública universal, superando las diferentes versiones reduccionistas. Además, su idea de los derechos humanos como prácticas políticas emergentes, no solo justifica la constante expansión del contenido o la lista de los derechos humanos, sino también deja la puerta abierta a futuros desarrollos frente a nuevas amenazas comunes que surjan. Su modelo se centra no tanto en el lado de la demanda, sino en el lado del suministrador, y aporta diferentes razones para señalar la responsabilidad de agentes en la sociedad internacional (sean estados u otras organizaciones internacionales), frente a la protección de las amenazas comunes que se ciernen sobre los ciudadanos de diferentes estados y que este no protege.

Frente a estos aspectos de la contribución de Beitz, aparecen limitaciones, que hacen necesario reconsiderar algunos elementos de su propuesta, y que en cierta manera explican la incapacidad para la realización efectiva de los derechos humanos de las mujeres. Destacamos tres: primero, Beitz asume una concepción individualista de los derechos humanos propia de la tradición occidental, al entenderlos como protecciones frente a amenazas comunes individuales; en segundo lugar, asume una concepción moderna de la idea de los derechos humanos, ya que de otra manera difícilmente podría justificar el contenido de lo que él llama derechos humanos internacionales; en tercer lugar, asume una concepción reduccionista de la política, como política pública estatal, cayendo en una concepción estatocéntrica en su modelo a dos niveles de responsabilidad frente a las vulneraciones de los derechos humanos. En este sentido, también cabria señalar una cierta “moralización” y “despolitización” de los derechos humanos al entenderlos como la construcción aspiracional de una moral pública universal. El propio Beitz es consciente de asumir una concepción individualista, moderna-occidental y estatocéntrica de los derechos humanos. Reconoce la limitación y deja la puerta abierta para articular otras formulaciones, sobre todo por lo que hace referencia a los agentes responsables de sus vulneraciones (Beitz, 2012, p. 157) y a la apertura de demandas frente a amenazas por parte de diferentes agentes.

Para observar las limitaciones de su propuesta, sin renunciar a ella ni caer en una posición escéptica, ya que el trabajo tanto del feminismo institucional como del activismo feminista transnacional que ha permitido el despliegue de los derechos humanos de las mujeres es irrenunciable, propondremos acercarnos a la crítica y el activismo feminista decolonial y antineoliberal. Estos enfoques aportan elementos para repensar críticamente la idea de los derechos humanos de las mujeres como prácticas político-discursivas emergentes mucho más contextuales, capaces de desactivar las opresiones, dominaciones y discriminaciones que sufren las mujeres; convirtiendo los derechos humanos en instrumentos de lucha para transformar los patrones sociales androcéntricos y patriarcales, asumiendo la pluralidad de amenazas que sufren las mujeres frente a los varones. Se insiste en focalizar los derechos humanos como protecciones y demandas, generadas a partir de reivindicaciones contextuales y desde abajo, y no tanto como protecciones desde arriba por parte de estados o de la sociedad internacional. Los derechos humanos de las mujeres se convierten en instrumentos de demandas; de luchas y reivindicaciones de base, locales y contextuales, con aspiración universal.

Crítica a la dimensión estatal-colonial de los derechos humanos

En la línea centrada en los derechos humanos de las mujeres como demandas y no tanto como protecciones, R. L. Segato ha dedicado gran parte de su trabajo y compromiso práctico a repensar las diferentes formas de violencia que oprimen a las mujeres; una de las “amenazas comunes” que sufren las mujeres, y que debería ser objeto prioritario de protección por parte de las diferentes declaraciones, pactos y convenios. Según esta autora:

Erradicar la violencia de género es inseparable de la reforma misma de los afectos constitutivos de las relaciones de género tal como los conocemos en su aspecto percibido como “normal." Y esto, desgraciadamente, no puede modificarse por decreto, con un golpe de tinta, suscribiendo el contrato de la ley (Segato, 2003, p. 133).

Fruto de este esfuerzo y de su trabajo etnográfico en diferentes prisiones brasileñas con convictos por delitos de violencia contra la mujer surgió una de sus obras más interesantes, creativas y fértiles para pensar la violencia contra la mujer: Las estructuras elementales de la violencia (2003). Segato sostiene que la violencia contra las mujeres es producto de las relaciones de género y de la construcción de la masculinidad, cuyo estatus está:

Condicionado a la obtención –que debe ser reconfirmada con una cierta regularidad a lo largo de la vida– mediante un proceso de aprobación o conquista, y, sobre todo, supeditado a la exacción de tributos de otro que, por su posición naturalizada en este orden de estatus, es percibido como el proveedor del repertorio de gestos que alimentan la virilidad. (2016, p. 40).

Así las relaciones de género son históricas y cambiantes, pero el hecho “transcultural” de la masculinidad como estatus condicionado a su obtención establece lo que Segato llama la lenta historia del sistema de género y del patriarcado (Segato, 2015, p. 133; 2016, p. 19), donde la violencia no solo tiene una función instrumental, sino también expresiva, a través de la cual se pretende enviar un mensaje a la sociedad como totalidad y a los confraternizados para ser aceptado (Segato, 2016, p. 79).

El patriarcado instaura una “pedagogía de la crueldad” que “minoriza” y produce al otro vulnerable como femenino (Segato, 2016, p. 185). Lo femenino se constituye en la alteridad de la masculinidad, un trofeo o tributo como forma de reconocimiento. Feminidad asignada tanto a mujeres como a hombres emasculados y a niños. Desde esta óptica, Segato explica los feminicidios de Ciudad Juárez, la utilización de la violencia contra las mujeres como arma de guerra para atacar moralmente al enemigo y el aumento de la violencia pública e impersonal contra las mujeres en Latinoamérica.

En cuanto a la historicidad de las relaciones de género y del patriarcado, Segato defiende una posición decolonial. Afirma que la imposición de las estructuras políticas, sociales y culturales occidentales-modernas reforzaron el patriarcado ya existente. Distinguiendo entre el “mundo preintrusión” o “mundo-aldea” y el “mundo moderno-colonial," afirma que en el mundo preintrusión existía un dualismo de género que producía un patriarcado de baja intensidad, mientras que en el mundo moderno-colonial este dualismo se ha transformado en un binarismo. Éste ha producido un patriarcado de alta intensidad, reforzando las opresiones de género. En el mundo preintrusión había una diferenciación entre el espacio público y doméstico, con una asignación diferencial de género, restringiendo el acceso de las mujeres al espacio público y una jerarquización de valor entre los espacios; se otorgaba más valor al público. Estos espacios no eran entendidos ni como cerrados, ni estancos ni como autosuficientes. Espacio público y doméstico eran dos realidades complementarias y conectadas.

La política, como conjunto de deliberaciones que llevan a las decisiones que afectan la vida colectiva, atraviesa los dos espacios (…). No existe el monopolio de la política por el espacio público y sus actividades (…) el espacio doméstico es dotado de politicidad, por ser de consulta obligatoria y porque en él se articula el grupo corporativo de las mujeres como frente político (Segato, 2016, p. 117).

Así, las mujeres ocupando el espacio doméstico, aunque menos valorado, seguían manteniendo cierto poder político a la hora de tomar decisiones que afectaban a la comunidad.

Con el mundo colonial, el espacio público se transforma en esfera pública totalizante, propia de los hombres y privativa de la política, mientras el doméstico se mantiene feminizado, pero se privatiza y se despolitiza; se convierte en residual. Se rompe la complementariedad entre la esfera pública y el espacio privado, y se instituye la imposibilidad de transitar políticamente desde el doméstico al público. Se refuerza el papel político de los hombres frente al de las mujeres al ser ellos los que mantienen las diferentes transacciones con la esfera pública del estado colonial. El binarismo del mundo moderno-colonial da una vuelta de tuerca a la intensidad de las relaciones asimétricas de poder entre los géneros.

Del análisis de Segato se desprende que la aplicación por parte del estado moderno-colonial de los patrones normativos asociados a los derechos humanos –como la idea de individuo, espacio público, ciudadanía y estado– no contribuyen, sino que refuerzan las opresiones de género en determinadas comunidades. Así, se excluye el grupo de las mujeres de ámbitos de toma de decisión y se refuerza su dependencia respecto al grupo de los varones. La autora muestra también que la violencia contra las mujeres, el feminicidio y la cosificación de la sexualidad son un subproducto de los patrones normativos de las prácticas y los discursos moderno-coloniales. En este sentido, es obligado repensar la idea de los derechos humanos en clave crítica respecto a los patrones normativos asociados a la modernidad. Se trata de una crítica no escéptica, en el sentido de que se reconoce que el objetivo final de la idea de los derechos humanos es la desactivación de las estructuras de opresión que refuerzan la vulnerabilidad inducida de las mujeres. Por tanto, no se procede a una impugnación general ni de la práctica, ni de los discursos de los derechos de las mujeres como derechos humanos.2

Por otro lado, Segato insiste en dudar del estado como garante y responsable de la protección de los derechos humanos de las mujeres, entendidos como protecciones frente a amenazas o vulneraciones inducidas comunes. El estado colonial criollo es el responsable de la “minorización” de las mujeres al reconocer solo a los varones como intermediarios entre la comunidad y la administración. Le interesa mantenerlas en esta situación porque permite satisfacer la masculinidad de los hombres colonizados y de esta manera mantenerlos bajo control Además, la experiencia latinoamericana de Segato permite observar lo que ella llama la “dualidad del estado," la mafialización de la política y la captura del campo criminal por el estado. Esta cara no pública ni legal del estado es lo que Segato llama “segunda realidad." Hay un conjunto de capital de origen ilícito que circula sistemáticamente y que está protegido por fuerzas de seguridad propias, “corporaciones armadas ocupadas en proteger para sus ‘dueños’ la propiedad sobre la riqueza incalculable que en ese universo se produce y administra” (Segato, 2016, p. 75) que cuenta con el beneplácito del estado.

Frente a la defensa de la totalización de esfera pública, de derechos igualitarios que protejan a los intereses de los individuos, y del estado como garante de dichos derechos, Segato propone la “domesticación” de la esfera pública, el restablecimiento de la politización de la esfera doméstica, romper con la lógica de acumulación del capital para tejer comunidad y promover “el colectivo de las mujeres como un todo” (Segato, 2016, p. 120). La defensa de los derechos humanos de las mujeres, según Segato, “debería ser la promoción de la igualdad entre el colectivo de los hombres y el colectivo de las mujeres dentro de las comunidades” (2016, p. 120). Se necesita una mirada contextual de las relaciones de género, superar el individualismo y apostar por tejer comunidades y su arraigo en la línea del proyecto histórico de los vínculos, frente al proyecto de los individuos y las cosas; el proyecto del capital (2016, pp. 28-31).

Por otra parte, siguiendo la línea del feminismo decolonial crítico con la modernidad capitalista han aparecido diferentes movimientos indigenistas que aportan demandas de reconocimiento de derechos colectivos y de la naturaleza. Uno de los movimientos indigenistas iniciales al respecto lo encontramos en la selva amazónica de Ecuador por parte del pueblo originario Kichwa de Sarayaku, que desde los años ochenta se articula como sujeto político que reclama derechos colectivos y de la naturaleza tanto en la esfera pública local, como nacional e internacional (Martínez y Agra, 2019). A través de su activismo, ciertas demandas han tenido reconocimiento en la nueva Constitución ecuatoriana de Montecristi (2008) y el compromiso de su protección por parte del estado. En este movimiento indigenista crítico con la colonialidad han tenido un papel destacado y protagonista las mujeres (Martínez y Agra, 2019, p. 252). Así, el feminismo decolonial que articula sus demandas desde la crítica a la colonialidad capitalista abre una nueva vía de demandas de protección que apunta a la reconceptualización de los derechos humanos en clave no individualista ni moderna, con el fin de desactivar, entre otras, las opresiones y dominaciones de género reforzadas con el orden moderno-capitalista. Vía que no renuncia a la idea de los derechos humanos de las mujeres como protecciones internacionales frente a amenazas, pero que enfoca la cuestión como demandas contextuales, cuyo reconocimiento permite una mayor efectividad de los derechos humanos como protecciones.

La crisis de la reproducción y el feminismo antineoliberal

En la línea de buscar una mayor efectividad de los derechos humanos de las mujeres entendidos como protecciones frente a diferentes demandas, debe destacarse más allá del enfoque del feminismo decolonial, la contribución del feminismo antineoliberal y anticapitalista. Con la supercrisis sistémica del 2008, se articula tanto teórica como prácticamente una crítica tanto a la neoliberalización de las políticas públicas como a la hegemonía ideológica del neoliberalismo de la mano del feminismo antineoliberal; que posteriormente se definirá como feminismo anticapitalista. Esta rearticulación del feminismo antineoliberal parte de la reflexión sobre la dinámica de la teoría y práctica feminista durante la década de los noventa y principios del nuevo siglo y observa críticamente que esta se ha convertido en un campo de debate estéril, autorreferencial e incapaz de incidir en la sociedad, donde se ha va consolidando la versión financiera y globalizada del capitalismo neoliberal. Es la filósofa neoyorquina Nancy Fraser que abre la discusión en el 2008.

N. Fraser analiza el devenir del feminismo conectándolo con la reestructuración del capitalismo. Desde su perspectiva, el feminismo de la segunda ola se articuló contra el capitalismo organizado estatalmente a partir de la crítica al economicismo, el androcentrismo, el estatismo y el westfalianismo. No obstante, la reestructuración financiera, global y neoliberal ha resignificado e integrado las críticas feministas en un “nuevo espíritu del capitalismo." En palabras de Fraser “claramente emancipadoras en la era del capitalismo organizado por el estado, las críticas al economicismo, al androcentrismo, al estatismo y al westfalianismo parecen ahora plagadas de ambigüedades susceptibles de servir a las necesidades de legitimación de una nueva forma de capitalismo” (2015, p. 259). El feminismo, tanto como movimiento como teoría, pasa de ser un agente crítico emancipador a un agente que aporta elementos para la legitimación de la nueva articulación del capitalismo global neoliberal. Fraser se pregunta retóricamente si estas afinidades entre las críticas al capitalismo organizado estatalmente entre el feminismo y el neoliberalismo son debidas a puras coincidencias o bien a una cierta “afinidad perversa, subterránea y optativa” (2015, p. 252).

Apuesta por la superación de las ambigüedades en la línea de un feminismo antineoliberal que plantee la necesidad de integrar la dimensión de la redistribución, el reconocimiento y la representación en el marco de la lucha por la justicia de género; que sea capaz de romper la férrea distinción entre producción y reproducción, para integrar los trabajos de socialización y cuidados, y apostar por un régimen democrático transnacional (Fraser, 2015, pp. 261-262). Concretando su propuesta, Fraser defiende un feminismo marxista y socialista que aspira a la superación del orden social capitalista productor estructural de la dominación y opresión de las mujeres, que camina hacia el horizonte de un socialismo democrático. Como paso intermedio, defiende articular un “populismo progresista” con un amplio programa de transformación social en la línea de embridar emancipación y protección social a partir de las demandas de diferentes colectivos y movimientos contrarios al orden social capitalista (Fraser y Jaeggi, 2019, p. 235).

La reflexión abierta por N. Fraser sobre el papel legitimador que hasta cierto punto ha tenido la crítica feminista respecto al capitalismo neoliberal globalizado abre toda una discusión tanto dentro de la teoría feminista como del activismo feminista. Se apunta a la falta de justificación de las insinuaciones de Fraser, al mostrar la múltiple y variada pluralidad de posiciones existentes en el seno del movimiento y teoría feminista, algunas de las cuales han sido muy críticas con la transformación del capitalismo neoliberal globalizado y las consecuencias sociales y políticas negativas para las mujeres. Se insiste en el error estratégico de culpabilizar al feminismo y apuntan que, al contrario de lo que sostiene Fraser, “el feminismo de la segunda ola y del bienestar social no fue cooptado, sino políticamente marginado” (Fraser, Brenner, 2018, p. 211). Otras en cambio, han sostenido la falta de fundamentación empírica de la tesis de Fraser y la inoportunidad política de la misma, precisamente en un momento en que las mujeres empiezan a acceder al poder (Shola Orloff y Shiff, 2016).

Más allá de esta discusión, se constata el hecho de la rearticulación del activismo feminista transnacional de cariz antineoliberal que cataliza sobre todo en torno al 8M de 2017 con la preparación y realización de la triple huelga feminista transnacional (huelga de cuidados, laboral y de consumo). Un feminismo que se autodefine como transnacional preocupado por el aumento de las diferentes violencias contra las mujeres, la lucha por sus derechos económicos y sociales, la crítica al androcentrismo y provisión patriarcal de los cuidados, el desprecio de lo público y la necesidad de rearticular una contestación desde lo común. La huelga se convierte en el principal instrumento de vindicación y de articulación transnacional del feminismo. En este escenario aparece la idea del feminismo del 99%, el feminismo de la mayoría, que ve cómo el giro neoliberal del capitalismo ha reforzado las opresiones e injusticias de género. Pretende ser una contestación a aquellos sectores de mujeres que han sido cooptadas por el espíritu meritocrático, individualista y competitivo del neoliberalismo. Desde el Manifiesto del feminismo del 99%, se las califica de “feministas liberales," que, aunque “condenan la ‘discriminación’ y abogan por la ‘libertad de elección’ (…) niega rotundamente a hacer frente a las restricciones socioeconómicas que hacen que la libertad y el empoderamiento sean inaccesibles para la gran mayoría de mujeres” (Arruzza, Bhattacharya, Fraser, 2019, p. 28). Un feminismo neoliberal más que liberal, que apuesta por un concepto de libertad que convive con la opresión estructural de las mujeres.

El Feminismo del 99% que deja de ser antineoliberal, para pasar a ser directamente anticapitalista (Arruzza, Bhattacharya, Fraser, 2019, p. 33), además de antirracista, antiimperialista, ecosocialista y demócrata radical, ya que pretende agrupar las diferentes contestaciones emancipadoras frente al orden social y político capitalista (Arruzza, Bhattacharya, Fraser, 2019, p. 75). Apuntan al capitalismo como orden social e institucional que permite a la dinámica de valorización y acumulación del capital generar injusticias de género, que se refuerzan con el paso del capitalismo embridado estatalmente al capitalismo global y neoliberal. Con el orden social capitalista se instaura y refuerza la frontera entre el ámbito productivo y el ámbito reproductivo, estableciendo una división social del trabajo en base al género y asignando una valoración diferencial de ambos espacios. Así, el capitalismo expande una división androcéntrica del trabajo, feminizando y desvalorizando el trabajo reproductivo. La reproducción social es uno de los temas centrales de la crítica feminista al orden social capitalista (Arruzza, Bhattacharya, Fraser, 2019, p. 41). El objetivo de maximización de los beneficios convierte este orden social en depredador de recursos, intensificando cualquier diferenciación en aras a su funcionalidad, como es el caso de los roles de género, de los recursos naturales y de los recursos públicos. Estos son vistos como externalidades funcionales a la propia dinámica de valoración y acumulación del capital. De esta manera el capitalismo es fuente y sostén de la relación patriarcal entre los géneros, en definitiva, de la opresión y violencia de género. No se trata de consecuencias que se deban a la crisis del capitalismo, sino que son constitutivas del propio capitalismo (Arruzza, Bhattacharya, Fraser, 2019, p. 34). Frente a las tramposas soluciones a la crisis económica, fiscal, social, política, institucional, ecológica del progresismo neoliberal o el populismo reaccionario, el feminismo del 99% propone la rearticulación de los movimientos críticos y radicales contra el orden social capitalista.

El feminismo antineoliberal y anticapitalista señala la necesidad de incorporar la crítica al orden social capitalista dentro de la preocupación por los derechos humanos, sobre todo en el caso de los derechos humanos de las mujeres. La crisis estructural de la reproducción social y la solución androcéntrica y patriarcal a la misma por parte del orden capitalista, junto con la ambivalencia del poder público dentro de este orden –ya que es el garante de los derechos de propiedad, al mismo tiempo que lo debilita al cuestionarlo sistemáticamente e imposibilitar su reproducción democrática–, muestran la necesidad de expandir la concepción del poder más allá del poder público. Se observa que la división entre poder público y producción es un dispositivo del orden social capitalista. Orden que produce una división institucionalizada entre diferentes ámbitos de interacción y que mantiene entre estos ámbitos relaciones de denegación y dependencia (Fraser y Jaeggi, 2019, pp. 168-169).

El feminismo antineoliberal pone de manifiesto que el orden capitalista es una de las principales amenazas comunes que sufren las mujeres y por ello, si entendemos los derechos humanos como protecciones frente a estas, es obligado considerar los mecanismos que lo reproducen. Los estados son una palanca de protección de las dinámicas de valoración y acumulación del capital. En este sentido, depositar confianza en que ellos sean los responsables de garantizar en último término el respeto de los derechos humanos no deja de ser una ironía, ya que lo que dan con una mano lo retiran por otra. El activismo feminista internacional antineoliberal y anticapitalista del 99% no niega la necesidad de luchar y buscar protecciones frente las vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos de las mujeres en forma de opresión e injusticia de género, pero apuesta por repensar la acción de los estados o bien buscar mecanismos de protección internacional que vayan más allá de los estados capitalistas. La defensa de tejer lo común desde lo local con perspectiva transnacional abre la posibilidad de generar un espacio público transnacional democrático y emancipado capaz de mostrar la faccionalización de los estados a favor de los intereses del capital y la hipocresía interesada de luchar contra las injusticias de género que ellos refuerzan por otro lado.

Hacia una versión contextual de los derechos humanos de las mujeres

La idea de los derechos humanos de las mujeres ha sido un proyecto político-jurídico internacional que ha dado grandes réditos, desarrollando instrumentos jurídicos de protección frente a las amenazas y vulnerabilidades inducidas que sufren las mujeres en diferentes estructuras sociales. No se debe renunciar a la idea de los derechos humanos de las mujeres, posición estéril que imposibilitaría pensar y activar mecanismos no solo internacionales, sino también transnacionales frente a las opresiones e injusticias de género. Pero se debe reconocer la incapacidad de los derechos humanos de las mujeres para romper con las opresiones e injusticias de género debidas a una concepción restrictiva jurídico-legalista de los mismos. Así, se hace necesario un nuevo enfoque político. En este sentido, la reformulación política de los derechos humanos como prácticas político-discursivas emergentes de Ch. Beitz permite entenderlos como protecciones no reificadas en continuo proceso de generación, cuyo objetivo principal es la elaboración de una moral pública y una política transnacional. Desde esta perspectiva, los derechos humanos afloran como protecciones ante demandas y luchas contextuales que van surgiendo a medida que se politizan relaciones de poder patriarcales hegemónicas; no politizadas ni discutidas anteriormente. El enfoque de Beitz abre políticamente la idea de los derechos humanos como protecciones frente a demandas, rompiendo con las concepciones naturalistas y contractualistas que conducen bien a una reducción de estos o bien una defensa del statu quo, incapaz de transformar las múltiples estructuras asimétricas de poder de género.

La idea de los derechos humanos de Beitz permite explicar la expansión normativa de los derechos humanos de las mujeres y posibilita su conceptualización como exigencias y demandas de protecciones frente a estructuras de dominación y opresión patriarcal. Más allá de la novedad de su enfoque, se ha indicado que su modelo adolece de una serie de limitaciones que desactivan parcialmente la capacidad transformadora de los derechos humanos de las mujeres. Nos referimos a su excesivo individualismo, a su falta de cuestionamiento de la dinámica institucional de la modernidad y a un exceso de confianza en el estado como garante, bien en primer orden o bien en segundo, de las protecciones frente a las diferentes amenazas comunes que sufren las mujeres. Adolece de un concepto restrictivo del poder político, que identifica con el poder institucional, y asume una concepción individualista de los derechos humanos. Los nuevos feminismos, decoloniales y antineoliberales, a través de su enfoque y activismo, aportan elementos para repensar los derechos humanos de las mujeres. Focalizan su teoría y práctica en las diferentes estructuras de poder más allá del poder político institucionalizado, que posicionan de forma diferencial a las mujeres en la estructura social y política, impidiendo el establecimiento de relaciones igualitarias de género.

El feminismo decolonial de la mano de Segato muestra cómo la imposición del patrón normativo moderno refuerza las asimetrías de poder entre géneros al pasar de un dualismo de género a un binarismo; produciendo una intensificación del orden social patriarcal. Este binarismo de género, por un lado, despolitiza el espacio doméstico y limita la política a la esfera pública, ámbito privativo de los hombres, y por otro concede formalmente derechos igualitarios para hombres y mujeres. Esta situación ambivalente agrava las jerarquías y opresiones de género, ya que el lenguaje formal igualitario de derechos funciona enmascarando y legitimando el refuerzo jerárquico de las relaciones de género propio de la modernidad. Segato muestra que las ideas modernas de individuo, derecho, esfera pública y ciudadanía se sostienen sobre una visión androcéntrica que genera una situación asimétrica de poder entre los diferentes géneros. Por ello, el feminismo decolonial interpela a reflexionar sobre la dimensión androcéntrica y patriarcal de la matriz moderna sobre la que se sostiene la idea de derechos humanos, que ha sido denunciada en múltiples ocasiones por parte de la teoría feminista occidental, y que pasa desapercibida por Beitz (Benhabib, 2006; Puleo, 2008; Facio, 2010; Facchi, 2011; Pateman, 2018). En segundo lugar, Segato advierte del faccionalismo de la acción del estado a favor de los intereses del capital y el refuerzo de la matriz de dominación patriarcal. Por ello, se hace necesario dudar de la capacidad, voluntad y responsabilidad del estado como único agente en la protección de los derechos humanos, tanto en primer como en segundo orden.

El feminismo antineoliberal y anticapitalista del 99% focaliza su teoría y acción sobre la centralidad de la dinámica de valorización y acumulación de capital y el orden social y político que la sostiene y reproduce. Este orden social capitalista es la fuente principal de las injusticias, las opresiones y la violencia de género de la sociedad moderna. La dominación y opresión de género se entiende como estructural al orden social capitalista, al establecer la dinámica de división, dependencia y denegación entre el ámbito productivo y el ámbito reproductivo. Además, muestra la tendencia a fagocitar las condiciones de fondo, como las relaciones de reproducción, políticas y ecológicas, que requieren la acumulación del capital, sin ser capaz de reproducirlas. De esta manera, el feminismo del 99% sin menospreciar la idea de los derechos humanos, duda de su efectividad si estos no se dirigen a la lucha contra el orden social y político capitalista. Orden que utiliza al estado y el poder público para generar sus condiciones de posibilidad. En este sentido, el estado tampoco puede ser visto como agente garante de la protección de los derechos humanos. Dicha protección sólo es realizable, como señala el feminismo del 99%, con la superación del orden social y político capitalista.

Reconociendo la importancia de la idea de los derechos humanos, la necesidad de repensarlos en clave política, siguiendo la aportación de Ch. Beitz y abordando algunas de los retos de la mano tanto del feminismo decolonial como del feminismo del 99%, se apuesta por la necesidad de aplicar los derechos humanos de las mujeres de forma sensible y crítica al contexto social y político, combinando políticas afirmativas de corto alcance con políticas transformativas de largo alcance. La diferenciación analítica y política entre políticas afirmativas y políticas transformativas proviene de N. Fraser. Ante el reto de hacer frente al mismo tiempo a las injusticias de redistribución y reconocimiento, Fraser propone distinguir entre políticas afirmativas y transformativas:

Por remedios afirmativos para la injusticia entiendo los remedios dirigidos a corregir los resultados no equitativos de las disposiciones sociales sin perturbar el marco subyacente que los genera. Por remedios transformativos, por el contrario, entiendo los remedios dirigidos a corregir los resultados no equitativos precisamente mediante la reestructuración del marco generador subyacente (2011, p. 237).

Si bien se debe de sospechar del estado y del orden capitalista para proteger a las mujeres frente a sus amenazas estructurales, la distinción fraseana entre políticas afirmativas y transformativas permite entender la lucha por las protecciones y demandas de los derechos humanos de las mujeres desde una perspectiva pragmática. Aunque, reconociendo la matriz moderna del estado y de los derechos humanos, las políticas afirmativas de corto alcance deberían exigir el reconocimiento de demandas y reivindicaciones de derechos grupales de las mujeres, formas de interacción sociales preintrusión y la superación de las políticas neoliberales de redistribución regresiva de los recursos y recorte de protecciones sociales.3

Estas demandas afirmativas a corto plazo de protecciones han de ser vistas como un tránsito hacia un escenario a largo plazo de transformación en clave igualitaria y emancipatoria de las relaciones de género, sin caer en presupuestos ni culturales ni esencialistas. En este sentido, las demandas de protección han de ir encaminadas a reconstruir lazos comunitarios a partir de la revaluación de los afectos y los vínculos, donde los derechos humanos de las mujeres se conviertan en una importante palanca de cambio. Esto implica la transformación del estado y del orden social capitalista a largo plazo, debido a la relación estructural de estos con el dominio y opresión de género. De la mano de los nuevos feminismos, sobre todo decolonial, antineoliberal y anticapitalista, se apuesta por entender los derechos humanos como demandas de protección frente a amenazas contextuales que sufren las mujeres. Apuntan a un horizonte normativo igualitario de transformación de las estructuras de género patriarcales en estructuras de género igualitarias.

Referencias bibliográficas

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1 De los ciento ochenta y nueve estados parte, noventa y nueve han firmado y ratificado la Convención, mientras que el resto solo se ha adherido. Entre los estados firmantes y adheridos, sesenta y uno han presentado reservas respecto a artículos de la Convención; algunas de calado como las de Argelia, Bahréin, Bangladesh, Brunéi, Egipto, India, Israel, Pakistán, Níger, Malasia o Marruecos. Algunos estados aceptan la Convención mientras no contravenga la legislación interna; otros la aceptan mientras no contravenga la Sharía, la ley islámica o las costumbres propias de su país. Mientras que otros marcan límites a la acción estatal debido a su incapacidad económico-política. Estas reservas expresan cierto escepticismo sobre la aplicabilidad o la voluntad por parte de los estados que han manifestado sus reservas. Se debe indicar, a modo optimista, que algunos estados que en su día presentaron reservas respecto a algún artículo de la Convención, posteriormente las han eliminado.

2 La propia Segato apuesta por la necesidad de introducir tanto el “feminicidio” como el “femigenocidio” como crimen contra los derechos humanos. El feminicidio hace referencia a todos “los asesinatos de mujeres por razones de género," mientras que el femigenocidio hace referencia a “los crímenes que, por su cualidad de sistemáticos e impersonales, tienen por objetivo específico la destrucción de las mujeres solamente por ser mujeres sin que haya posibilidad de personalizar o individualizar ni el móvil de la autoría ni la relación entre perpetrador y víctima” (Segato, 2016, p. 149).

3 Como recuerda Alda Facio, el éxito de la redefinición de los derechos de las mujeres como derechos humanos se debe a las intensas luchas de los movimientos feministas en diferentes escenarios: locales, regionales e internacionales. Sin el activismo organizado de los movimientos feministas en los meses previos a la organización de la Conferencia Mundial de Viena, difícilmente se hubiera conseguido la gran victoria de la definición de los derechos de las mujeres como derechos humanos (2010, pp. 57-62). En este sentido, no se debe perder de vista que los derechos humanos de las mujeres son institucionalizaciones de luchas y reivindicaciones por parte del activismo feminista internacional; es decir, protecciones fruto de demandas.

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